El presente Reglamento, que consta de 3 capítulos y 13 artículos, tiene como objeto regular aspectos administrativos y reglamentarios de los procesos arbitrales establecidos en la Ley Nº 278, Ley sobre propiedad reformada urbana y agraria de 1997. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Oficina Nacional de Arbitraje, será la institución a cargo de la administración de los procesos arbitrales.