El Decreto Ley establece que todas las aguas comprendidas dentro del territorio nacional son bienes de dominio público del estado y de aprovechamiento libre y común (art. 2º). Sus disposiciones son de orden público e interés social, y cubren su utilización para cualquier tipo de actividad (art. 3º). Crea la Comisión Nacional de Aguas adscrita al Ministerio de Agricultura, Comercio e Industrias (arts. 4º a 14). Reglamenta el uso de aguas (arts. 15 a 31); los permisos y concesiones (arts. 32 a 43)