El Decreto, que consta de 17 artículos, crea la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales como órgano desconcentrado adscrito a la Procuraduría General de la República, respecto a la cual funcionara con independencia técnica, financiera, presupuestaria y administrativa, y tendrá la representación legal exclusiva de los intereses del Estado en materia de medio ambiente y recursos naturales.