El presente Decreto aprueba el Reglamento de la participación ciudadana y consulta previa en la gestión ambiental, que regula los parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con el fin principal de contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.