El presente Decreto reglamenta la Ley de minería y establece que la propiedad del Estado con respecto a minerales se ejerce en el yacimiento, entendiendo como tal cualquier acumulación de dichas sustancias, independientemente de su forma y cuantía, localizadas en el suelo y subsuelo del territorio nacional y en el suelo y subsuelo del mar territorial. La Dirección General de Minería es la autoridad operativa de la minería.