El Decreto, que consta de 18 artículos, crea el Instituto Nacional de Protección Ambiental (INPRA), como dependencia de la Presidencia de la República, como organismo responsable de la orientación y conducción de la política y gestión ambiental del Estado, a fin de desarrollar acciones que detengan el proceso de degradación de los ecosistemas y los riesgos a la salud que constituye la contaminación.