El presente Decreto tiene como finalidad reglamentar el procedimiento a que se someterán los explotadores de minas de propiedad estatal sin título minero inscrito en el registro minero nacional, garantizando a los interesados la legalización de minería de hecho y en el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales del debido proceso, defensa, contradicción y presunción de buena fe en las actuaciones que adelanten ante las autoridades mineras delegadas.