El Decreto, que consta de 19 artículos, considerando que para promover la protección y conservación de los recursos naturales es necesaria la participación activa, consciente y responsable de la sociedad civil a través de aquellas personas y organizaciones interesadas en coadyuvar en la aplicación de las leyes que rigen la materia, crea la Oficina de Sociedad Civil del Ministerio del Ambiente y Energía, como organismo adscrito al despacho ministerial.