El presente Decreto, considerando que la destrucción del hábitat, la cacería furtiva, la contaminación ambiental y el comercio ilegal de animales vivos o sus productos derivados han disminuido peligrosamente las poblaciones de algunas especies de la fauna silvestre, al tiempo que otras se encuentran en inminente peligro de extinción en el territorio nacional, aprueba las regulaciones para la caza mayor y menor, y para la pesca continental e insular.