El presente Decreto establece la política general para el ordenamiento territorial, con el objetivo de orientar el uso del territorio en forma sostenible, incluyendo los recursos naturales, la prevención y mitigación de desastres naturales, el fortalecimiento de la gestión administrativa del Estado en el territorio, la coordinación interinstitucional y la gestión de los gobiernos regionales autónomos, municipales y la sociedad civil en función del desarrollo territorial.