La presente Ley rige las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos. La Ley se aplica entre otros también a las medidas cautelares contra el Estado en materia de derecho ambiental. El procedimiento judicial prevé la presentación d’un informe previo por parte de la autoridad pública demandada.