El presente Real Decreto-Ley tiene por objeto adoptar medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y a tal efecto introduce en el sistema tributario nuevas figuras impositivas y reconoce expresamente que un importe equivalente de la recaudación se destinará a cubrir determinados costes del sistema eléctrico, así también habilita al gobierno para aprobar un nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica existentes