La presente Resolución dispone que las entidades públicas o privadas que representen los intereses de los beneficiarios de una denominación de origen protegida, cualquiera que sea su forma jurídica o asociativa y siempre que estén legalmente reconocidas, podrán solicitar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la delegación de la facultad de autorizar el uso de la misma.