La presente Resolución dispone que las entidades estatales del Ministerio de la Agricultura que cuenten en la actualidad con fincas estatales, deberán adecuarlas a los Principios básicos que la mencionada Resolución establece, disponiendo que la responsabilidad en cuanto a la creación, funcionamiento y desarrollo de la finca estatal como forma organizativa de producción agropecuaria corresponde a los directores de empresas.