El presente caso tiene por objeto el recurso de amparo constitucional presentado por E.L. Cruz Villarroel, titular de la concesión minera Nohelia I, contra la Municipalidad de Santa Cruz y en relación a las resoluciones administrativas que esta última adoptara disponiendo el cierre del camino abierto por el recurrente, así como sanciones administrativas para reparar el daño ambiental. La adopción de las mencionadas resoluciones administrativas se originaban en las denuncias presentadas por una junta vecinal, según la cual el recurrente habría destruido toda la vegetación plantada en el margen derecho del rió Piraí y además habría estado extrayendo supuestamente material básico del rió Piraí poniéndolos de esa forma en grave riesgo de ser victimas de las crecidas del río. Por el presente recurso de amparo constitucional el recurrente manifiesta que la autoridad recurrida ha lesionado sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la propiedad, a la defensa y a la garantía del debido proceso. El Tribunal, sin embargo, rechaza el amparo, declarando la improcedencia del recurso por causal de subsidiariedad. Al respecto, el Tribunal retoma una consolidada línea jurisprudencial que observa que el recurso de amparo constitucional constituye una garantía constitucional contra los actos ilegales u omisiones indebidas que amenacen, restrinjan o supriman derechos y garantías constitucionales, únicamente cuando no exista otro recurso inmediato para la protección de los mismos.