El presente caso se origina en la demanda de amparo interpuesta por una asociación contra el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Gobierno Regional de Loreto, solicitando que se suspendan los concursos públicos de concesiones forestales convocadas y se excluya a la cuenca del Mazán, zonificada como bosque de producción permanente, de los mencionados concursos, por considerar que dichos actos constituyen una amenaza cierta e inminente de su derecho constitucional a un medio ambiente equilibrado y adecuado. La asociación recurrente argumentaba en particular que el Gobierno Regional de Loreto había aprobado la creación de bosques de producción permanente en el departamento de Loreto, delimitando mediante decreto supremo las unidades de aprovechamiento en las cuencas del Mazán y Tacshacuracay, sin considerar la afectación que podría causar a los pueblos indígenas de la zona al no haberse realizado los estudios de impacto ambiental, ni haberse considerado la reserva de protección existente, amenazando, por ende, su derecho constitucional al goce de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El Primer Juzgado Civil de Maynas declaró infundada la demanda, considerando que la recurrente no había acreditado que la explotación de recursos maderables comporte la afectación del ecosistema y de las condiciones de vida de los pobladores de la zona. En la presente sentencia el Tribunal Constitucional examina el recurso extraordinario interpuesto por la asociación recurrente contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, que confirmó la decisión de primera instancia y declaró infundada la demanda de autos. El Tribunal analiza detenidamente el contenido del derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. A este respecto el Tribunal recuerda que el mencionado derecho se concretiza también en el derecho a que el medio ambiente se preserve ; el derecho a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Añade que tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente. A este último respecto el Tribunal elabora varias consideraciones acerca de la relación existente entre la producción económica y el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, y tiene en cuenta principios como el precautorio, el de prevención y el de compensación. Basándose en la legislación vigente y en la interpretación de los mencionados principios y derechos constitucionales, el Tribunal declara fundada la demanda presentada por la asociación y en consecuencia dispone que se deje sin efecto toda concesión realizada por INRENA en la cuenca del Manzán, debiéndose proceder a una nueva evaluación conforme al ordenamiento vigente.