La Ley consta de 3 t tulos, 29 art culos, 6 disposiciones adicionales, 1 transitoria, 1 derogatoria y 6 finales. INDICE: Disposiciones generales (Preliminar); Explotaciones agrarias prioritarias (I): Determinaci n (1), Beneficios fiscales (2), Cat logo de explotaciones prioritarias (3), Agricultores j venes (4), R gimen sancionador (5), Financiaci n de las ayudas (6); R gimen de unidades m nimas de cultivo (II); Arrendamientos r sticos (III).
El objetivo fundamental de la Ley es corregir los desequilibrios y las deficiencias estructurales que condicionan la competitividad de las explotaciones agrarias, de modo que la agricultura espa ola pueda afrontar la creciente liberalizaci n de mercados, al tiempo que se aseguren los equilibrios ecol gicos b sicos y se abren nuevas v as para la obtenci n de rentas complementarias a los profesionales de la agricultura. La Ley se estructura en 4 t tulos. El t tulo preliminar especifica los objetivos de la ley, al tiempo que establece el conjunto de definiciones, entre las que destacan las de "agricultor profesional" y "agricultor a t tulo principal"; concepto este que como profesional de la agricultura aparece por primera vez en la legislaci n espa ola con la Ley N 83/1980; el concepto de agricultor a t tulo principal procede de la normativa comunitaria (Reglamento CEE 2328/91 del Consejo, de 15 julio 1991). El art culo 1 especifica los fines de la presente Ley: a) estimular la formaci n de explotaciones agrarias de dimensiones suficientes para asegurar su viabilidad y que constituyan la base permanente de la econom a familiar de sus titulares; b) definir las explotaciones agrarias que se consideran destinatarias prioritarias de los apoyos p blicos a la agricultura y de los beneficios establecidos por la presente Ley; c) favorecer la incorporaci n de agricultores j venes como titulares de las explotaciones prioritarias; d) fomentar el asociacionismo agrario como medio para la formaci n o apoyo de explotaciones agrarias con dimensi n suficiente para su viabilidad y estabilidad; e) impedir el fraccionamiento excesivo de las fincas r sticas; f) incrementar la movilidad en el mercado de la tierra, tanto en propiedad como en arrendamiento; g) mejorar la calificaci n profesional de los agricultores, especialmente los j venes, para su adaptaci n a las necesidades de la agricultura moderna; y h) facilitar el acceso al cr dito de los titulares de explotaciones que pretendan modernizarlas. La disposici n final 3 especifica algunas excepciones para el caso de territorios con insuficiencias estructurales.