En 2016 un grupo de mujeres de la tercera edad presentó una demanda contra el gobierno suizo, alegando que este no había cumplido con las obligaciones de la Constitución suiza y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) al no dirigir a Suiza hacia una trayectoria de reducción de emisiones en consonancia con el objetivo de mantener las temperaturas mundiales por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales. En concreto, los demandantes alegaron que el gobierno había violado los artículos 10 (derecho a la vida), 73 (principio de sostenibilidad) y 74 (principio de precaución) de la Constitución suiza y los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su demanda, las mujeres señalaban que su grupo demográfico es especialmente vulnerable a las olas de calor que se espera que se produzcan a consecuencia del cambio climático. Solicitaban que se exigiera al poder legislativo y a los organismos federales responsables del transporte, la protección del medio ambiente y la energía la elaboración de un enfoque normativo para varios sectores que permitiera reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 25 % por debajo de los niveles de 1990 para 2020 y como mínimo un 50 % menos que los niveles de 1990 para 2050. Se criticaban tanto los objetivos que se están debatiendo actualmente en la legislatura (20 % para 2020 y 30 % para 2030) como las medidas con las que el Gobierno perseguirá esos objetivos. La demanda fue desestimada por el Departamento de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones (DETEC, por sus siglas en francés) el 25 de abril de 2017. El DETEC consideró que los demandantes carecían de legitimación porque sus derechos no se vieron afectados, como era necesario en virtud del artículo 25a, apartado 1, de la Ley de procedimiento administrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG). El DETEC determinó que los demandantes solicitaban la regulación de las emisiones mundiales de CO2 a través de normativas generales en lugar de solicitar un recurso por la violación de sus derechos legales específicos. Asimismo, concluyó que los demandantes no tenían la condición de víctimas en virtud del CEDH porque buscaban una solución que sirviera al interés público general de la adopción de una reforma legislativa para reducir las emisiones de CO2. Los demandantes recurrieron la desestimación el 26 de mayo de 2017. El 27 de noviembre de 2018 el Tribunal Federal Administrativo de Suiza desestimó el caso sobre la base de que las mujeres suizas mayores de 75 años no son la única población afectada por los efectos del cambio climático, haciéndose eco de la determinación del DETEC de que el daño y el remedio no eran específicos de las demandantes. En enero de 2019 se recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo de Suiza. El 20 de mayo de 2020 el Tribunal Supremo rechazó el recurso. El tribunal concluyó que los derechos alegados por los demandantes no se habían visto afectados con suficiente intensidad y que la reparación que pretendían debía lograrse por medios políticos y no jurídicos. El 26 de noviembre de 2020 las mujeres suizas de la tercera edad presentaron una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde se enumeraban tres quejas principales: Que las políticas climáticas inadecuadas de Suiza vulneran el derecho a la vida y la salud de las mujeres en virtud de los artículos 2 y 8 del CEDH; que el Tribunal Federal Supremo de Suiza había rechazado su caso por motivos arbitrarios, violando el derecho a un juicio justo en virtud del artículo 6; y que las autoridades y tribunales suizos no habían abordado el contenido de sus quejas, violando el derecho a un recurso efectivo en virtud del artículo 13. El TEDH comunicó el caso al gobierno suizo el 25 de marzo de 2021. El TEDH otorgó al caso carácter prioritario y pidió a Suiza que presentara una respuesta antes del 16 de julio de 2021. El 21 de septiembre de 2021 la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Sección Suiza de la CIJ presentaron una intervención de terceros que aportó observaciones sobre los efectos del cambio climático en el derecho a la vida y el derecho al respeto de la vida privada y familiar y del hogar y las obligaciones positivas de los Estados derivadas de dichos derechos, a la luz de los principios del derecho internacional en materia medioambiental, entre otras cuestiones. La Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHR, por sus siglas en inglés) también presentó una intervención de terceros.

Cuestiones jurídicas medioambientales clave:

Adecuación de los objetivos de mitigación del cambio climático del gobierno suizo y las medidas de aplicación y posible vulneración de los derechos humanos.